El caso de Wander Franco deja una lectura incómoda, pero importante. El tribunal no dijo que no pasó nada. Al contrario: reconoció que hubo un hecho, que existió una relación impropia y que eso merecía una condena. Pero al mismo tiempo, al otorgarle un perdón judicial, dejó entrever que no encontró en él el dominio principal de la arquitectura del delito. Es decir, el hecho ocurrió, pero la responsabilidad mayor, la construcción dolosa más grave, no habría recaído sobre sus hombros.
Y ahí está el punto más delicado de este caso. Porque, según esa lógica, el tribunal parece haber visto a Wander más como parte de una situación consumada que como el autor principal de una estructura de explotación. La sombra más pesada, entonces, cae sobre la madre de la menor, a quien sí se le atribuye un rol mucho más activo en la trama de aprovechamiento, manipulación y beneficio económico. Eso cambia la conversación. Y la cambia bastante.
Pero que esa sea la lectura jurídica no limpia del todo el golpe moral ni social del caso. Aquí hubo una menor en medio de una relación indebida, hubo una familia rota, hubo dinero, hubo poder y hubo una figura pública incapaz de entender a tiempo el abismo en el que se estaba metiendo. Por eso, aunque el perdón judicial lo libre de una pena, no lo libra del juicio de la sociedad ni del daño profundo que este episodio deja sobre su carrera y su nombre.
