La creación de nuevas provincias suele presentarse como una fórmula para acercar el Estado a la gente, mejorar los servicios públicos y fortalecer la representación territorial. Sobre el papel suena razonable. En la práctica, sin embargo, también significa nuevas gobernaciones, más oficinas, más funcionarios, más presupuesto y una estructura administrativa más costosa. En momentos en que el propio Gobierno habla de racionalizar el gasto público, resulta inevitable preguntarse si esa debe ser realmente la prioridad del país.
Los problemas de muchas comunidades no nacen porque pertenezcan a una provincia demasiado grande. Nacen de la falta de planificación, de la debilidad institucional y de la incapacidad para ofrecer servicios eficientes. Cambiar un límite geográfico no garantiza mejores hospitales, mejores escuelas, más seguridad o mayor inversión. La experiencia demuestra que el desarrollo depende mucho más de la calidad de la gestión pública que del número de provincias que aparezcan en el mapa.
Antes de crear nuevas demarcaciones, el Congreso debería responder una pregunta sencilla: ¿qué problema concreto resolverán y cuánto le costará eso a los contribuyentes? Si la respuesta no está sustentada en estudios técnicos, sostenibilidad financiera y beneficios claramente demostrables, el riesgo es terminar ampliando la burocracia sin mejorar la vida de los ciudadanos. El país necesita instituciones más eficientes, no necesariamente un Estado más grande.
