Fiscalizar los recursos públicos es necesario. Cada viaje oficial debe justificarse y cada peso gastado explicarse. Pero de ahí a pretender que un funcionario que representa al Estado tenga que viajar en condiciones precarias para demostrar austeridad hay una distancia considerable.
La Junta Central Electoral tiene responsabilidades que trascienden nuestras fronteras, desde el voto de la diáspora hasta la capacitación en áreas sensibles como la ciberseguridad. Cumplir esas funciones implica desplazamientos y gastos razonables. Lo importante es que tengan justificación, estén documentados y respondan al interés institucional.
La JCE hace bien en rendir cuentas y defender con datos sus actuaciones. Exijamos transparencia y moderación, pero sin confundir austeridad con precariedad. Quienes representan a República Dominicana en funciones oficiales tampoco tienen que salir del país en calidad de pordioseros.
