Pereira, Colombia.– El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado lunes ha dejado en suspenso la educación de decenas de miles de niños, luego de provocar daños de distinta consideración en más de 3,200 escuelas, especialmente en zonas rurales y comunidades con mayores niveles de pobreza.
La situación resulta particularmente compleja en lugares donde la falta de electricidad, conectividad, computadoras y otros dispositivos hace prácticamente inviable trasladar temporalmente las clases a la modalidad virtual, como ha planteado el Gobierno colombiano.
En el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas, comunidades rurales permanecen incomunicadas y sin servicios básicos. En La Encharca, perteneciente al municipio de Medio San Juan y accesible únicamente por vía fluvial, los estudiantes no han regresado a las aulas mientras esperan una evaluación técnica de los daños ocasionados en su escuela.
“Los niños están a la expectativa de lo que pueda pasar”, explicó a EFE el líder comunitario John Freddy Ibarbo Mosquera, quien señaló que las instalaciones presentan grietas y que la ausencia de señal y equipos tecnológicos imposibilita aplicar de manera efectiva la educación virtual.
La emergencia educativa también golpea con fuerza a Pereira, capital de Risaralda, donde el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que los 165 colegios de la ciudad presentan condiciones críticas y solo 15 podrían retomar actividades después de reparaciones urgentes.
Como consecuencia, más de 58,000 estudiantes han quedado temporalmente fuera de las aulas solo en Pereira.
Uno de los centros afectados es la escuela Jesús María Ormaza, donde el terremoto provocó daños en muros, techos y otras áreas. Su rector, Luis Ernesto Caicedo, explicó que entre 100 y 120 de sus cerca de 800 estudiantes perdieron sus viviendas y permanecen temporalmente en albergues.
La emergencia se produce en medio de un balance nacional que, según los datos citados por EFE, incluye cerca de 300 muertos, unos 4,200 heridos y 143 desaparecidos, además de daños significativos en infraestructura pública y privada.
Mientras continúan las evaluaciones estructurales, docentes y autoridades educativas buscan alternativas para evitar que la emergencia profundice las brechas educativas existentes en las zonas más vulnerables del país.
