Algo anda muy mal cuando miles de ciudadanos tienen que reclamar para demostrar que su factura eléctrica estaba equivocada. Entre 2022 y 2025, Protecom ordenó acreditar RD$109 millones a usuarios por reclamaciones declaradas procedentes, y solo en el primer semestre de 2026 fueron otros RD$21.7 millones. No estamos hablando de simples quejas: estamos hablando de dinero que fue facturado y que, después de un proceso de reclamación, tuvo que ser corregido.
Más preocupante resulta que las reclamaciones pasaran de 36,262 en 2018 a 90,591 en 2025. Claro que no toda factura alta es incorrecta ni todo reclamo tiene razón. Pero cuando el sistema acumula semejante volumen de inconformidades y millones de pesos terminan acreditándose a los usuarios, las distribuidoras no pueden limitarse a explicar cómo reclamar. También tienen que explicar por qué se producen tantos casos que obligan al ciudadano a defenderse de una facturación que debería llegar correctamente desde el principio.
La electricidad ya es suficientemente cara y deficiente como para agregarle la incertidumbre de no saber si lo cobrado corresponde realmente a lo consumido. El usuario no puede convertirse en auditor de su propia factura ni peregrinar de oficina en oficina para proteger su bolsillo. Facturar correctamente es una obligación que corresponde a las distribuidoras antes de cobrar, no después de que el ciudadano proteste.
