Hay discursos diplomáticos que se escuchan, se aplauden y se olvidan. Y hay otros que, por el momento en que se producen y por el contenido que desarrollan, invitan a una reflexión más profunda. Las palabras de la embajadora de Estados Unidos durante la conmemoración de los 250 años de la independencia de su país pertenecen a esta última categoría.
Su mensaje giró alrededor de una idea sencilla, pero poderosa: la libertad de expresión no es un privilegio ni una concesión del poder; es el oxígeno de la democracia. Recordó que las sociedades libres no se construyen silenciando las ideas incómodas, sino permitiendo que circulen, se confronten y sean sometidas al escrutinio público. Incluso citó los procesos judiciales y políticos que enfrentó el hoy presidente Donald Trump como ejemplo de una batalla que, desde la visión de su Gobierno, trascendía la figura del propio mandatario para convertirse en un debate sobre la libertad de expresión.
¿Fue un mensaje dirigido a la República Dominicana? No necesariamente. Sería una conclusión apresurada. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que esas palabras llegan en un momento en que nuestro país discute, precisamente, los límites de la crítica, la responsabilidad de quienes comunican y el creciente uso de los tribunales para resolver conflictos derivados de opiniones, publicaciones y denuncias difundidas en medios tradicionales y plataformas digitales.
En las últimas semanas hemos visto cómo la libertad de expresión ha ocupado espacio en debates jurídicos, políticos y mediáticos. Se discute hasta dónde llega el derecho a opinar, cuándo comienza la difamación, cuál debe ser la responsabilidad de los comunicadores, de los creadores de contenido y de quienes ejercen influencia desde las redes sociales. Es un debate legítimo, necesario y propio de cualquier democracia. Pero también es un terreno donde el equilibrio resulta indispensable.
La libertad de expresión nunca ha significado impunidad. Quien informa debe hacerlo con responsabilidad; quien acusa debe aportar pruebas; quien opina debe aceptar que también puede ser cuestionado. Pero el remedio frente a un exceso tampoco puede convertirse en un mecanismo que produzca miedo, autocensura o silencio. Una democracia saludable necesita ciudadanos responsables, pero también ciudadanos libres para cuestionar al poder, denunciar irregularidades y expresar ideas que incomoden.
La historia demuestra que las libertades rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente comienzan a erosionarse de forma gradual, mediante pequeñas restricciones que, vistas de manera aislada, parecen razonables. El problema aparece cuando todas esas limitaciones terminan construyendo un ambiente donde cada vez menos personas se atreven a hablar.
Por eso las palabras de la embajadora merecen ser escuchadas más allá del protocolo diplomático. No porque constituyan una injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana, ni porque deban interpretarse como una advertencia específica al Gobierno o a algún sector. Merecen atención porque recuerdan un principio que ninguna democracia debería perder de vista: la libertad de expresión no existe para proteger las opiniones con las que todos estamos de acuerdo. Existe, precisamente, para proteger aquellas que incomodan, cuestionan y obligan a la sociedad a debatir.
Las democracias no se debilitan cuando la gente habla. Se debilitan cuando la gente deja de hacerlo por miedo a las consecuencias.
