Cada vez que el sistema de salud entra en crisis, la historia parece repetirse. Clínicas y aseguradoras discuten tarifas, reclaman pérdidas y defienden sus intereses. Mientras tanto, en el medio queda quien menos poder tiene: el paciente. Es él quien vive la incertidumbre de no saber si podrá recibir la atención que necesita, no porque haya dejado de cotizar, sino porque quienes administran el sistema no logran ponerse de acuerdo.
Las clínicas tienen derecho a reclamar una revisión de tarifas si consideran que los costos hacen insostenible la prestación de los servicios. Las ARS, por su parte, pueden defender sus argumentos financieros. Lo que resulta inaceptable es que esas diferencias terminen afectando a ciudadanos que durante años han cumplido con sus aportes al sistema de seguridad social. La salud no puede convertirse en un escenario permanente de presiones cruzadas donde el usuario sirva como mecanismo de negociación.
Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si el problema ya no es el conflicto entre clínicas y aseguradoras, sino un modelo que cada cierto tiempo demuestra sus propias grietas. Un sistema de salud pierde legitimidad cuando quienes lo financian sienten que, al momento de necesitarlo, quedan atrapados en una disputa que nunca debió ser suya. Porque la enfermedad no espera acuerdos, y la salud jamás debería utilizarse como instrumento de presión.
