El país necesita ordenar con seriedad el manejo de sus residuos sólidos. Nadie puede discutir que recoger, tratar y disponer la basura cuesta dinero, ni que las empresas deben aportar de manera razonable a un problema que también generan. Pero una cosa es cobrar para mejorar un servicio público y otra, muy distinta, es modificar cargas económicas importantes con el reloj encima y casi sin discusión.
El Senado aprobó la reforma en una sola jornada, sin el reposo mínimo que exige una decisión de esta naturaleza. Ahora la Cámara de Diputados recibe una pieza que coincide con el vencimiento del primer pago semestral. Esa prisa deja una mala señal: cuando una ley afecta empresas, consumidores, municipios y recaudaciones, el procedimiento no puede parecer una carrera contra el calendario.
La basura es un problema demasiado serio para tratarlo con ligereza. Si las grandes empresas deben pagar más, que se explique con datos, impacto ambiental y reglas claras. El país no gana cuando una corrección necesaria nace bajo sospecha de improvisación. En materia pública, la forma también es fondo, y legislar bien sigue siendo parte esencial de gobernar bien.
