La querella presentada por un grupo de abogados, encabezado por Carlos Balcácer, contra el director de la Policía Nacional, por su presunta responsabilidad en muertes ocurridas durante operativos policiales, plantea un debate que no puede separarse de la realidad que vive la población. Durante años, los dominicanos han reclamado mayor firmeza frente a una delincuencia que amenaza su tranquilidad. Ahora que se percibe una actuación policial más enérgica, también se escuchan voces que la cuestionan. Los juristas tienen derecho a acudir a los tribunales, pero sus acusaciones deben sustentarse en pruebas y no convertirse en una condena anticipada contra toda la institución.
Conviene recordar que la Policía tiene la obligación de proteger vidas, enfrentar el delito y responder legítimamente cuando sus agentes son agredidos. También tiene el deber de respetar la ley, preservar las evidencias y rendir cuentas por cada muerte ocurrida durante sus intervenciones. Una cosa no excluye la otra. Lo cuestionable sería presentar toda actuación policial con resultado fatal como una ejecución extrajudicial sin que una investigación independiente haya establecido las circunstancias de cada caso. La sociedad necesita garantías frente a los abusos, pero también necesita una Policía capaz de enfrentar a quienes ponen en peligro a los ciudadanos.
El respaldo que expresan numerosos ciudadanos a una mayor firmeza policial merece ser escuchado, aunque no sustituye la investigación judicial ni autoriza actuaciones fuera de la ley. La delincuencia tampoco puede encontrar en este debate una razón para sentirse menos perseguida. Investiguemos cualquier exceso, sancionemos los abusos que se demuestren y exijamos el cumplimiento de los protocolos. Pero no confundamos el control legítimo de la actuación policial con debilitar la autoridad que el país necesita para recuperar su tranquilidad.
