La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de Dekolor para exigir al Intrant el pago de casi RD$670 millones deja una enseñanza para no dejar pasar desapercibida. Una partida en el Presupuesto General del Estado no constituye, por sí sola, una deuda reconocida ni una orden de pago a favor de una empresa. El dinero público tiene reglas, y ninguna contratación puede colocarse por encima de los procedimientos establecidos para administrarlo.
Conviene precisar que el tribunal no determinó si el Intrant debe o no esos recursos. Lo que estableció es que una reclamación contractual no puede resolverse mediante un amparo de cumplimiento sustentado en una asignación presupuestaria que no contiene una obligación individualizada. Esa distinción es fundamental. Los proveedores tienen derecho a cobrar lo que legalmente les corresponda, pero también el Estado tiene la obligación de verificar, documentar y justificar cada peso que desembolsa.
Este caso debería servir para revisar con mayor rigor la relación entre las instituciones públicas y sus contratistas. Los contratos deben cumplirse, las deudas legítimas deben pagarse y cualquier controversia debe resolverse ante la jurisdicción correspondiente. Porque el presupuesto nacional no es una cuenta abierta para satisfacer reclamaciones particulares, sino un instrumento para administrar recursos que pertenecen a todos los dominicanos.
