La Asociación Dominicana de Profesores parece haber convertido la suspensión de clases en su principal herramienta de presión, sin detenerse a considerar el daño que ocasiona a miles de niños, niñas y adolescentes. Lo que ocurre en Santiago, Bonao, Monción y otras localidades resulta difícil de justificar. Recortar horarios, paralizar la docencia y pedir a los padres que no envíen a sus hijos a las escuelas no es defender la educación. Es perjudicar directamente a quienes más la necesitan, especialmente a los estudiantes de familias que no tienen otra alternativa que la escuela pública.
Nadie discute el derecho de los maestros a reclamar sus incentivos, exigir mejores condiciones laborales o demandar mayor inversión educativa. Pero la ADP no puede pretender defender la calidad de la enseñanza mientras sus propias decisiones reducen las horas destinadas al aprendizaje. ¿Con qué autoridad reclama más recursos para las escuelas un gremio que decide mantener las aulas cerradas como mecanismo de protesta? Esa contradicción revela una preocupante distancia entre el discurso de sus dirigentes y las necesidades de los estudiantes.
La dirigencia de la ADP debe comprender que su responsabilidad social es mucho mayor que la defensa de intereses laborales. El Tribunal Constitucional ya ha advertido que las paralizaciones reiteradas de la docencia pueden lesionar gravemente el derecho fundamental a la educación. Es hora de abandonar esa práctica y encontrar formas de reclamar sin castigar a los alumnos. Los niños no tienen deudas pendientes con el Ministerio ni con la ADP, pero tampoco participan en sus negociaciones. La educación dominicana necesita un sindicato que también sepa defender a sus estudiantes, no uno que les quite clases cada vez que tiene un conflicto con las autoridades.
