Que los motoristas representen entre el 70 % y el 80 % de las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana, según la Digesett, debería estremecer la conciencia nacional. No estamos ante simples estadísticas, sino frente a una tragedia cotidiana que deja familias destruidas, jóvenes fallecidos y una enorme carga para el sistema de salud. Lo más preocupante es que hemos terminado acostumbrándonos a una realidad que ningún país debería aceptar como normal.
El factor humano tiene una responsabilidad determinante. El exceso de velocidad, las imprudencias, las distracciones y el irrespeto a las señales de tránsito siguen cobrando vidas. Pero tampoco podemos descargar toda la responsabilidad sobre los conductores. El Estado tiene el deber de fiscalizar, garantizar condiciones adecuadas en las vías, promover la educación vial y hacer cumplir las normas sin excepciones. La prevención no puede depender exclusivamente de la conciencia individual.
República Dominicana necesita asumir la seguridad vial con la misma seriedad con que enfrenta otros problemas de seguridad pública. No bastan seminarios, estadísticas ni campañas ocasionales. Hace falta una política sostenida de prevención, fiscalización y consecuencias para quienes desafían las reglas. Mientras sigamos tolerando el desorden en nuestras calles, continuaremos contando muertos que, en muchos casos, pudieron evitarse.
