Santo Domingo.– La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó preocupación por la decisión de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de no someterse al proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y consideró que el hecho obliga a revisar las condiciones en que se desarrolla ese mecanismo constitucional.
La organización sostuvo que, aunque respeta el derecho de cada magistrado a decidir sobre la continuidad de su carrera judicial, resulta necesario analizar por qué jueces con una larga trayectoria prefieren concluir su servicio antes que participar en la evaluación.
“Cuando personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial deciden retirarse antes de ser evaluadas, corresponde preguntarse si el sistema está generando las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en este mecanismo constitucional”, planteó ROI durante una rueda de prensa.
La entidad hizo especial referencia a las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, al advertir que sus salidas también impactan la representación femenina en la Suprema Corte. Sobre Salcedo Fernández, destacó que representaba la posibilidad de que, por primera vez, una jueza de carrera llegara a presidir la SCJ.
ROI recordó que durante procesos anteriores había reclamado al CNM criterios objetivos de evaluación, mayor transparencia y una adecuada motivación de sus decisiones, además de advertir que determinadas prácticas podían terminar desincentivando la participación de miembros de la carrera judicial.
La organización reconoció la reciente publicación de las actas correspondientes a los procesos de designación de integrantes de la Suprema Corte y del Tribunal Superior Electoral de diciembre de 2025, pero consideró que todavía resulta insuficiente para conocer las razones que sustentaron las decisiones y las deliberaciones del Consejo.
En ese sentido, exhortó al CNM a garantizar reglas claras, criterios objetivos y verificables, igualdad de trato, decisiones debidamente motivadas, observación ciudadana efectiva y el cumplimiento del mandato constitucional de paridad durante el proceso de evaluación.
Para ROI, la legitimidad de la evaluación no dependerá únicamente del cumplimiento formal de sus procedimientos, sino de la confianza que pueda generar entre los propios integrantes del Poder Judicial y la ciudadanía.
