La reciente decisión de la Cámara de Cuentas de dejar sin efecto una resolución que generó cuestionamientos públicos vuelve a poner sobre la mesa una idea esencial en la vida institucional: no basta con corregir, hay que construir confianza.
El episodio deja una lección clara. Los órganos llamados a fiscalizar el uso de los recursos públicos no pueden permitirse zonas grises en su propio accionar. La transparencia no es un discurso, es una práctica constante. Y cuando esa práctica falla, lo que se resiente no es solo una decisión puntual, sino la credibilidad de toda la institución.
En ese sentido, la función de la Cámara de Cuentas trasciende lo técnico. No se limita a auditar cifras o revisar procesos administrativos. Su rol tiene una dimensión ética ineludible: ser referente de integridad en el Estado. Por eso, cada acción, cada resolución y cada silencio institucional también comunican.
La rectificación adoptada abre una oportunidad. No para cerrar el tema, sino para iniciar un proceso de revisión más profundo. Reivindicar la institución implica fortalecer sus estándares, transparentar sus decisiones y actuar con la coherencia que la ciudadanía exige.
Porque, al final, la confianza pública no se decreta ni se recupera de un día para otro. Se construye con hechos. Y en el caso de la Cámara de Cuentas, ese proceso de reconstrucción ya no puede esperar.
