El caso de Wander Franco obliga a una reflexión que va más allá del béisbol. Cuando una figura pública enfrenta acusaciones tan graves, la sociedad tiene derecho a seguir el proceso, pero también tiene el deber de entender que la justicia no se administra ni en las redes ni en los titulares. Se administra en los tribunales, con pruebas, con defensa y con garantías para todas las partes.
Por eso, en un caso como este, lo correcto no es la condena anticipada, pero tampoco la indiferencia. Hay una acusación seria, hay un proceso abierto y hay una responsabilidad institucional de llegar hasta el fondo. La justicia debe actuar con firmeza, pero también con equilibrio, porque tan peligroso es encubrir como destruir sin sentencia.
Lo que corresponde ahora es esperar. Esperar sin fanatismo, sin morbo y sin convertir el proceso en un espectáculo. Casos así ponen a prueba la madurez de la sociedad y la credibilidad del sistema. Y al final, lo único que debería imponerse es eso: la verdad legal, no la emocional.
