DIALOGANDO RD, Santo Domingo.– La estructura investigada en COBRA 2.0 habría utilizado un criterio particular para escoger a las personas cuyos datos serían empleados en reclamaciones médicas: buscar afiliados con poca interacción con SeNaSa, lo que, según el Ministerio Público, reducía las posibilidades de que descubrieran movimientos irregulares en sus historiales.
PEPCA sostiene que empleados, exempleados, médicos y otros asociados tuvieron acceso a información personal y confidencial de asegurados y utilizaron esos datos para solicitar autorizaciones de servicios que posteriormente eran sustentadas mediante documentación presuntamente falsa.
La selección de usuarios con bajo historial de uso no habría sido casual. De acuerdo con el expediente, se trataba de personas consideradas menos propensas a revisar recurrentemente sus autorizaciones o detectar que aparecían consultas y procedimientos que nunca habían solicitado.
La investigación también describe el empleo de nombres ficticios durante llamadas al centro de atención de SeNaSa. Entre las identidades utilizadas figuran “Pedro Martínez”, “Ángel Beltré” y “Amauris Gutiérrez”, que habrían servido para ocultar la identidad de quienes gestionaban autorizaciones por teléfono.
Según PEPCA, después de obtener la autorización se preparaban formularios con datos del asegurado, diagnósticos y procedimientos, y posteriormente eran presentados para cobrar servicios que los beneficiarios habrían desconocido.
La tesis del Ministerio Público presenta así un esquema que no dependía únicamente de documentos alterados, sino del conocimiento de los procesos internos, el acceso a información sensible y la selección deliberada de determinados perfiles de afiliados. La responsabilidad penal de cada investigado deberá establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.
