DIALOGANDO RD, PUERTO PLATA. – La Corte de Apelación de Puerto Plata condenó este jueves al pelotero dominicano Wander Samuel Franco Aybar a tres años de prisión suspendida por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente, tras acoger un recurso presentado por el Ministerio Público contra la sentencia que anteriormente le había concedido un perdón judicial.
La decisión representa un cambio importante en el proceso: Franco mantiene una condena penal, pero no tendrá que ingresar a prisión mientras cumpla las condiciones establecidas por la justicia. Si incumple las reglas, la suspensión podrá ser revocada y deberá cumplir la pena en un centro penitenciario.
El Ministerio Público había solicitado cinco años de prisión, al considerar que el perdón judicial otorgado en mayo pasado no era compatible con la gravedad de los hechos acreditados durante el juicio. Sin embargo, la Corte decidió imponer una condena de tres años, cuya ejecución quedó suspendida.
El tribunal también confirmó los diez años de prisión contra la madre de la adolescente, encontrada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos. Asimismo, dispuso el decomiso de RD$2.1 millones a favor del Estado dominicano, correspondientes a fondos ocupados durante la investigación.
La sentencia fue dictada por los jueces Miguelina Beard, Germán Martínez y Manuel Ureña, integrantes de la Corte de Apelación de Puerto Plata, quienes conocieron los recursos presentados tanto por el órgano acusador como por los procesados.
Uno de los aspectos centrales del fallo es que el tribunal dejó en manos del juez de ejecución de la pena la determinación de las reglas que Franco deberá observar durante el período de suspensión. Para concederle ese beneficio, la Corte tomó en consideración su edad y las posibilidades de reinserción social.
La nueva decisión pone fin al perdón judicial, pero no a la controversia sobre la sanción. Aunque el Ministerio Público consiguió que se impusiera una pena, esta no supone el encarcelamiento inmediato del deportista.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: la diferencia entre declarar penalmente responsable a una persona y hacer efectiva una condena de prisión, particularmente cuando los delitos afectan los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por ahora, Wander Franco deberá cumplir las disposiciones judiciales para conservar la suspensión de su pena, mientras que la condena de diez años contra la madre de la víctima permanece confirmada en esta etapa del proceso.
