Después de más de dos décadas de debates, reformas frustradas y proyectos que nunca lograban superar la meta final, la República Dominicana ya tiene un nuevo Código Penal. Su promulgación marca el cierre de una larga discusión legislativa que, con sus aciertos y desacuerdos, mantenía al país bajo una normativa incapaz de responder plenamente a las realidades del siglo XXI. Solo por haber roto ese ciclo de postergaciones, el momento merece ser reconocido.
Ningún código penal nace perfecto. Las leyes reflejan su tiempo y, por esa misma razón, están llamadas a evolucionar junto con la sociedad. La decisión del presidente Luis Abinader de acompañar la promulgación con una comisión de seguimiento constituye un reconocimiento de esa realidad: las diferencias que aún persisten no deben ser un obstáculo para avanzar, sino un compromiso para seguir mejorando el texto desde la experiencia que deje su aplicación.
El verdadero examen comienza ahora. De poco servirá contar con una legislación más moderna si las instituciones encargadas de aplicarla no actúan con la preparación, la independencia y la responsabilidad que el momento exige. El país deja atrás una espera demasiado larga. A partir de ahora, el desafío será demostrar que una mejor ley también puede traducirse en una mejor justicia.
