El PLD acaba de convertir un proceso concebido para exhibir organización y democracia interna en una demostración pública de sus propias contradicciones. Después de más de un año preparando una consulta presidencial, resulta difícil explicar que, a menos de tres semanas de celebrarla, se descubra que no existen los equipos necesarios para realizarla. La JCE había rechazado prestar 1,800 dispositivos adicionales y había advertido, además, que una actividad de esa naturaleza no correspondía a la actual etapa del calendario electoral. No fue un imprevisto de última hora: eran problemas conocidos mientras el partido continuaba anunciando que habría consulta el 18 de octubre.
Pero las máquinas terminaron siendo apenas una parte del problema. Antes de la cancelación ya existían cuestionamientos jurídicos, diferencias entre los aspirantes y una controversia de enormes proporciones alrededor de 523,781 ciudadanos con afiliaciones múltiples, cuyo derecho a participar dependía de un proceso extraordinario de validación que todavía estaba abierto. El PLD pretendía medir fuerzas internas mientras discutía, prácticamente sobre la marcha, quiénes podían formar parte de esa medición.
El daño político de este episodio no está simplemente en haber suspendido una consulta; está en haber llegado hasta aquí. Un partido que gobernó República Dominicana durante veinte de los últimos treinta años tiene experiencia institucional suficiente para saber que una competencia interna de esta magnitud exige reglas claras, padrón definido, viabilidad jurídica y logística garantizada mucho antes de convocar a las urnas. La consulta debía ayudar al PLD a ordenar su camino hacia 2028. En cambio, terminó dejando sobre la mesa exactamente las preguntas que pretendía resolver: quién controla el proceso, cuáles son las reglas y cómo administrará el partido una competencia presidencial que apenas comienza.
