DIALOGANDO RD, Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader creó mediante el Decreto 676-26 el Servicio Nacional de Atención Residencial (Señar), organismo que asumirá la gestión de los hogares de paso y centros residenciales destinados a niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección del Estado. La disposición fue publicada este 30 de septiembre por la Presidencia de la República.
El nuevo organismo comenzará a operar el 1 de enero de 2027 y funcionará como órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia, dentro de una reorganización que procura transformar y elevar la calidad de los servicios residenciales para menores. La Presidencia identifica precisamente ese objetivo en la publicación oficial del decreto.
Según la disposición divulgada, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) conservará su condición de órgano rector del sistema de protección y tendrá a su cargo la supervisión técnica del Señar.
El nuevo esquema contempla que los menores sean distribuidos y atendidos de acuerdo con criterios como edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y condiciones de salud física o mental, procurando una atención ajustada a las necesidades particulares de cada caso.
Además, el Señar deberá coordinar con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) la asistencia médica, los tratamientos y los procesos de habilitación psicosocial requeridos por los niños y adolescentes bajo protección.
El decreto establece que la acogida residencial deberá aplicarse bajo criterios de excepcionalidad y temporalidad, atendiendo al interés superior del niño.
Para implementar la nueva estructura se conformará una Comisión de Transición e Implementación, encabezada por el Ministerio de la Presidencia e integrada por varias instituciones públicas, que tendrá entre sus funciones diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales y conducir el traslado hacia el nuevo modelo.
Entre las metas para 2027 figura incrementar en al menos 30 % la capacidad instalada de hogares de paso y centros residenciales, manteniendo durante la transición la continuidad de los servicios, la protección de los expedientes de los menores y los derechos del personal involucrado en las dependencias reorganizadas.
