La muerte de Deivi Abreu Quezada es la expresión de un desorden que lleva demasiado tiempo acumulándose sin que nadie asuma el costo de enfrentarlo.
Durante años, un segmento importante vinculado al motoconcho ha operado en una zona gris: presta un servicio necesario, sí, pero al mismo tiempo se resiste a cualquier intento de regulación. En ese espacio ambiguo se ha ido normalizando una cultura de impunidad cotidiana, visible en las calles y tolerada por las autoridades.
No se trata de estigmatizar a todos, pero tampoco de seguir ignorando lo evidente. La práctica del motoconcho ha servido, en demasiados casos, como cobertura para conductas que desbordan lo legal. El problema no es solo de tránsito, es de orden público. Y cuando ese desorden escala, como en Santiago, las consecuencias dejan de ser administrativas para convertirse en tragedias.
El argumento de la necesidad, ser padres de familia, buscar el sustento, no puede seguir funcionando como excusa para colocarse al margen de la ley. Ninguna actividad, por legítima que sea en su origen, puede sostenerse sobre la base de la excepción permanente.
Por eso, más que indignación, lo que este caso exige es decisión. Decisión de las autoridades para regular, y decisión de quienes representan al sector para asumir su responsabilidad.
En ese sentido, resulta pertinente el comunicado de la Federación Nacional de Motoconchistas. Pero no basta. Las palabras, por sí solas, ya no alcanzan.
Corresponde ahora a su presidente, Carlos Almanzar, dar un paso más: acompañar a las autoridades, colaborar activamente en la identificación de los responsables y contribuir a que enfrenten la justicia. No hacerlo sería dejar que el silencio termine protegiendo lo indefendible.
Porque cuando una organización no actúa frente a hechos como este, no solo pierde autoridad. Empieza a comprometer su propia legitimidad.
