Durante décadas, el debate giró alrededor de si la República Dominicana tendría o no un nuevo Código Penal. Ese capítulo quedó atrás. Desde hoy, el país deja definitivamente una legislación que acompañó más de un siglo de historia y comienza a aplicar un marco jurídico diseñado para responder a los desafíos del presente. La discusión ya no puede centrarse únicamente en el texto; ahora deberá trasladarse a su aplicación.
Toda ley es perfectible y este Código no escapa a esa realidad. De hecho, antes de entrar en vigor ya fue objeto de modificaciones y todavía enfrenta cuestionamientos que deberán ser resueltos por los tribunales. Pero ninguna de esas circunstancias resta importancia al paso que hoy da el país. Permanecer indefinidamente bajo una legislación del siglo XIX tampoco era una opción responsable para una sociedad que enfrenta formas de criminalidad muy distintas a las de hace más de un siglo.
El verdadero examen comienza hoy. Jueces, fiscales, policías, abogados y demás actores del sistema de justicia tienen la responsabilidad de demostrar que una ley moderna puede traducirse en una justicia más cercana a las necesidades de la sociedad. Porque los códigos, por sí solos, no cambian un país; quienes tienen el deber de aplicarlos sí pueden hacerlo.
