La declaración jurada de patrimonio es uno de los principales instrumentos con que cuenta una democracia para exigir transparencia a quienes administran recursos públicos. Por eso preocupa que, más de una década después de la aprobación de la Ley 311-14, todavía 1,337 funcionarios permanezcan en incumplimiento. Más preocupante aún es que la mayoría pertenezca al ámbito municipal, precisamente el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos.
No basta con que la Cámara de Cuentas simplifique el proceso, desarrolle aplicaciones móviles o realice jornadas en todo el país. Si la ley establece plazos y contempla sanciones, estas deben aplicarse sin excepciones. La credibilidad de las instituciones también depende de que las normas se cumplan, especialmente cuando se trata de quienes tienen la responsabilidad de dar el ejemplo. La transparencia no puede quedar librada a la buena voluntad de cada funcionario.
El patrimonio de un servidor público no pertenece al ámbito de la curiosidad, sino al del control ciudadano. Declararlo al asumir y al dejar un cargo fortalece la confianza en las instituciones y ayuda a prevenir el enriquecimiento ilícito. Una ley que no se hace cumplir termina perdiendo su capacidad de disuadir, y con ella también se debilita la confianza de la sociedad en quienes ejercen el poder.
