Otra vez el Gobierno pone sobre la mesa el cobro de impuestos a plataformas digitales como Netflix, Spotify, Airbnb y otras. Y otra vez surge la misma pregunta: si en tres ocasiones anteriores no pudo aplicarlo, ¿qué ha cambiado ahora para que la gente crea que esta vez sí va? El problema no es solo el impuesto. El problema es la forma en que se insiste con una medida sin haber construido primero la confianza, la explicación y el consenso que un tema así necesita.
Nadie discute que el mundo digital también debe entrar en la conversación fiscal. Eso ya pasa en muchos países. Pero aquí el debate no puede reducirse a anunciar un 18 % como si se tratara de una simple formalidad técnica. Eso toca el bolsillo de la clase media, de jóvenes, de familias y de pequeños negocios que hoy dependen de servicios digitales para entretenerse, trabajar, anunciarse o moverse. Y cuando una medida impacta tanto la vida diaria, no basta con decir que las plataformas están positivas. Hay que explicarle bien al país por qué se hará, cómo se hará y a quién realmente le va a costar.
El Gobierno haría bien en entender que la resistencia no nace solo del impuesto, sino del desgaste que produce insistir con anuncios que luego retroceden. Así no se construye credibilidad fiscal. Si de verdad quiere avanzar, tendrá que hacerlo con transparencia, pedagogía y reglas claras. Porque cobrar más sin generar confianza siempre será cuesta arriba. Y en tiempos donde la gente siente que todo sube, cualquier nuevo impuesto, por más técnico que parezca, termina sintiéndose profundamente político.
