La decisión del Tribunal Superior Administrativo sobre terrenos en el entorno del Parque Nacional Jaragua ha provocado muchas reacciones. Pero antes de señalar culpables, hay que al meollo del asunto. El tribunal no se inventó el conflicto, lo que hizo fue aplicar una ley que ya existía.
El origen del tema está en el año 2004, cuando el Congreso aprobó la Ley 266-04 para impulsar el desarrollo turístico del sur. Esa ley, con la intención de dinamizar una zona olvidada por años, terminó incidiendo en los límites de áreas protegidas en la zona de Oviedo. Ahí es cuando comienza realmente la controversia que hoy vuelve a estar sobre la mesa.
Durante mucho tiempo, el Ministerio de Medio Ambiente siguió considerando como parte del Parque Jaragua terrenos que, según esa ley, quedaban fuera de sus límites. Esa contradicción fue la que llevó a una empresa a acudir a los tribunales. Y el Tribunal Superior Administrativo, al conocer el caso, ordenó actualizar el catastro de áreas protegidas conforme a lo que establece dicha Ley.
Si la ley aprobada en 2004 generó efectos que hoy se consideran problemáticos para la protección ambiental, entonces corresponde al Congreso revisarla. Los jueces lo que han hecho es aplicar una norma creada.
