Río de Janeiro.– El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue recluido nuevamente este jueves en una celda de la Policía Federal, tras recibir el alta médica luego de permanecer ocho días hospitalizado y someterse a cuatro cirugías, mientras la Corte Suprema rechazó concederle prisión domiciliaria por razones humanitarias.
Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022, fue trasladado desde el Hospital DF Star, en Brasilia, hasta la sede de la Policía Federal, donde cumple su pena en régimen cerrado desde noviembre pasado.
Corte rechaza argumentos de salud
Horas antes de su retorno a prisión, el Supremo Tribunal Federal desestimó un nuevo recurso presentado por la defensa del exmandatario, que alegaba un supuesto agravamiento de su estado de salud. El magistrado Alexandre de Moraes concluyó que no se cumplen los requisitos legales para otorgar prisión domiciliaria y recordó las reiteradas violaciones de Bolsonaro a las medidas cautelares impuestas previamente.
Entre ellas, el juez citó la destrucción de la tobillera electrónica que portaba cuando cumplía prisión domiciliaria, hecho interpretado como un intento de evasión.
Estado de salud “estable”
De acuerdo con los médicos que lo atendieron, el exmandatario fue sometido el 25 de diciembre a una cirugía para corregir dos hernias inguinales, además de tres procedimientos adicionales para intentar controlar las crisis persistentes de hipo que padece desde hace meses.
Aunque estas últimas no fueron completamente erradicadas, los especialistas aseguraron que su condición clínica es estable y presenta mejoría, razón por la cual autorizaron su alta hospitalaria.
Condena firme y sin recursos
Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por intentar perpetuarse en el poder tras su derrota electoral frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, además de quedar inhabilitado para competir en elecciones hasta el año 2060.
Con el proceso judicial concluido y sin posibilidad de nuevos recursos, la única vía que podría modificar su situación penal sería la aprobación de una eventual ley de amnistía para los condenados por los actos golpistas, iniciativa que actualmente es debatida en el Congreso brasileño.
