Santo Domingo.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, defendió el carácter político de los procesos de evaluación y selección de jueces que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aunque estableció una diferencia entre actuar políticamente y responder a intereses partidarios.
Durante un encuentro con periodistas que cubren la fuente judicial, Molina sostuvo que el CNM es un órgano creado por la Constitución y que sus decisiones forman parte del funcionamiento político e institucional del Estado.
“Así como la Biblia es un libro religioso, la Constitución de un país es un libro político”, expresó el magistrado, al argumentar que la política también implica definir cómo se preservan y fortalecen las instituciones.
Molina planteó que los jueces de las supremas cortes tienen inevitablemente una dimensión política por la naturaleza de sus funciones, pero insistió en que eso no significa militancia o subordinación partidaria. “Nadie puede decirme que yo tomé una decisión en función de un partido”, aseguró.
El presidente de la SCJ consideró que el modelo dominicano de selección de jueces de las altas cortes “no es malo” y afirmó que, tras participar en varias sesiones del CNM, ha observado que sus integrantes asumen con seriedad sus responsabilidades, aunque reconoció que los mecanismos de evaluación siempre pueden ser perfeccionados.
También reveló que las decisiones adoptadas recientemente por el Consejo para evaluar a siete magistrados obtuvieron los votos requeridos, por lo que el presidente Luis Abinader no tuvo que recurrir al voto calificado que contempla la normativa.
Molina defendió además la inamovilidad e independencia judicial como garantías para la ciudadanía y consideró que un juez de la Suprema no debe ser sustituido simplemente por haber completado un período de siete años si mantiene las condiciones de idoneidad requeridas. Diferenció esa situación de la presidencia del tribunal, función que entiende puede requerir renovación debido a sus responsabilidades administrativas y de gobernanza.
El magistrado, quien decidió junto a otros tres jueces no someterse a una nueva evaluación para permanecer en la Suprema Corte, se encuentra en la etapa final de sus siete años al frente del Poder Judicial.
Entre los retos que deja pendientes, Molina identificó la necesidad de fortalecer la cultura de los acuerdos y las conciliaciones judiciales, al considerar que una mayor utilización de esos mecanismos contribuiría a reducir la litigiosidad y el uso excesivo de la prisión preventiva.
Asimismo, reconoció que le habría gustado avanzar más en políticas dirigidas a las personas vulnerables y de menores recursos, uno de los aspectos que señaló como deuda pendiente al concluir su gestión.
