Un diputado o un senador puede levantar la mano en unos segundos y comprometer recursos que el país tendrá que pagar durante años. Por eso, aprobar un préstamo exige bastante más que contar los votos disponibles en ambas cámaras del Congreso. Exige estudiar sus condiciones, justificar su necesidad y explicar quién responderá si el dinero no produce los resultados prometidos.
Tener mayoría en el Congreso facilita gobernar. También obliga a rendir cuentas. El respaldo recibido en las urnas no autoriza al partido gobernante a tratar el presupuesto nacional como propiedad suya ni a convertir la fiscalización en un trámite para salir del paso.
El Congreso ha autorizado más de US$10,619 millones en préstamos internacionales desde 2020, pero el Gobierno no ha explicado con suficiente claridad cuánto se ha desembolsado, dónde se ha invertido y qué resultados ha producido cada financiamiento. Con tantas aprobaciones, el país merece ver las obras y conocer sus costos, sus plazos y su estado de ejecución. No basta con anunciar proyectos mientras se siguen acumulando compromisos de pago. La mayoría congresual que facilita esos préstamos tiene que exigir cuentas: diputados y senadores no pueden aprobar el endeudamiento y después desentenderse del destino del dinero.
La pregunta es sencilla: ¿cuánto de ese dinero ha recibido el Gobierno y qué ha hecho con él? Los diputados y senadores que aprobaron esos préstamos deberían ser los primeros en exigir una respuesta, con documentos y resultados que cualquiera pueda revisar.
En diciembre de 2025, los diputados aprobaron un proyecto para autorizar emisiones de deuda por hasta RD$401,767.8 millones. La comisión recibió apenas dos horas para estudiar la pieza y esta fue aprobada en dos lecturas consecutivas. ¿Qué pudieron revisar en dos horas para autorizar una deuda de ese tamaño?
Un préstamo para construir un acueducto puede ser necesario. Pero hay que entregar el acueducto, explicar cuánto costó y comprobar que el agua llega. Los intereses se pagan aunque la obra se retrase. Esa es la cuenta que debe vigilar el Congreso antes de aprobar otro financiamiento.
A un trabajador que lleva años esperando una mejor pensión hay que explicarle por qué una autorización de deuda puede estudiarse en dos horas, mientras la reforma de la seguridad social sigue sin resolverse. La reforma integral de la seguridad social seguía pendiente en septiembre de 2026. El propio presidente reconoció que requería consenso, después de años de discusiones sobre pensiones, cobertura y protección de trabajadores excluidos.
Nadie pide que una reforma de esa importancia se apruebe a la carrera. Pero después de años de discusión, el Congreso debe decir qué falta para decidir y quién se opone a qué. Los trabajadores tienen derecho a conocer por qué siguen esperando.
Mientras la reforma de la seguridad social sigue pendiente, sí se modificó la ley de residuos sólidos para cambiar lo que pagan las empresas.
Ahí aparece la Ley 36-26 sobre residuos sólidos. La modificación promulgada en julio de 2026 estableció un pago anual de RD$5,000 para empresas con ingresos de cero a cinco millones de pesos. Bajo la escala anterior, las de ingresos de hasta un millón pagaban RD$3,000. La obligación se calcula sobre ingresos brutos, incluso si el negocio no obtiene ganancias.
Una empresa puede facturar y terminar el año con pérdidas. Aun así, tiene que pagar esta contribución. Para un negocio pequeño, esos RD$5,000 salen de una caja que también debe cubrir alquiler, electricidad y salarios. Quien aprobó el cobro debe explicar cómo evaluó esa carga y qué servicio recibirá el contribuyente.
El problema también aparece al legislar sobre los derechos ciudadanos. La Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, fue anulada por el Tribunal Constitucional. El Congreso tiene que explicar cómo aprobó una ley que terminó fuera del ordenamiento jurídico.
Un senador o un diputado del partido de gobierno también puede exigir documentos, cuestionar un contrato y votar en contra. Pertenecer al PRM no lo libera de responder ante quienes lo eligieron.
Nadie eligió a diputados y senadores para que le firmen al presidente todo lo que mande. También fueron elegidos para cuestionarlo, exigirle cuentas y negarle una aprobación cuando no pueda justificarla.
