La Junta Central Electoral ha hecho lo correcto al fijar una posición clara frente a la propuesta de reducir nuevamente el financiamiento público de los partidos. Ya en el Presupuesto de 2026 se consignó un monto por debajo de lo establecido en la Ley 20-23, y volver a recortarlo no solo alteraría la planificación financiera de las organizaciones, sino que golpearía la certidumbre que debe rodear todo el sistema.
Debilitar a los partidos no fortalece al Estado. Al contrario, empobrece la competencia, distorsiona la equidad y crea desventaja. Pretender vender como austeridad lo que en el fondo afecta la estabilidad del sistema de partidos es una salida cómoda, pero peligrosa. Y en eso la JCE tiene razón al advertir que la medida impactaría principios esenciales como la legalidad, la integridad electoral y la seguridad jurídica.
Si el Gobierno quiere dar señales de sacrificio fiscal, tiene múltiples áreas desde donde empezar sin tocar un pilar sensible de la vida democrática. Lo responsable no es recortar donde más ruido político se genera, sino donde más despilfarro exista. La Junta ha actuado con prudencia. En democracia, las instituciones no están para adornar decisiones, sino para evitar que el poder cometa errores que luego el país termine pagando.
