Que los jueces hayan tenido que salir a protestar es una mala señal para el país. No estamos hablando de cualquier sector. Estamos hablando de uno de los pilares del Estado. Y cuando quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia sienten que no son escuchados, que sus condiciones no mejoran y que sus reclamos se acumulan por años, entonces lo que está en crisis no es solo una nómina ni un manual salarial: es la salud del propio Poder Judicial.
Aquí no se puede despachar este tema como si fuera una simple diferencia administrativa. Los jueces están diciendo que quieren mejores condiciones para poder ofrecer un servicio más digno y más oportuno. Y eso toca directamente al ciudadano. Porque una justicia lenta, tensa, maltratada o desmotivada no la sufre primero el juez: la sufre la gente que espera una sentencia, la víctima que busca respuesta y el país que necesita instituciones fuertes.
Lo responsable ahora no es echarle más leña al conflicto, sino abrir una salida seria. Y esa salida solo puede llamarse diálogo verdadero, con respuestas concretas y sin soberbia. Porque una justicia que protesta se debilita por dentro, y un país donde la justicia se debilita pierde mucho más de lo que a veces cree.
