San José.– El Gobierno de Estados Unidos exigió este jueves a Nicaragua la liberación «inmediata e incondicional» de ocho personas cercanas al líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido el pasado 30 de mayo mientras permanecía bajo custodia del Estado.
A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Washington responsabilizó al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo de mantener detenidos a los allegados de Rivera únicamente por reclamar la entrega de sus restos a familiares y miembros de su comunidad.
«La dictadura debe liberar a estas ocho personas restantes de forma inmediata e incondicional», expresó el organismo estadounidense en un mensaje difundido en la red social X.
Estados Unidos recordó que Rivera, expresidente del partido indígena Yatama y exdiputado de la Asamblea Nacional, permaneció en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023 y murió mientras estaba bajo custodia estatal.
El Departamento de Estado sostuvo que «el duelo no es un delito» y afirmó que exigir un trato digno para los fallecidos tampoco puede ser considerado un crimen.
Rivera, de 73 años, fue una de las principales figuras políticas de la Costa Caribe nicaragüense. Había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023 y falleció el 30 de mayo de este año en un hospital de Managua, donde permanecía ingresado por complicaciones respiratorias.
Expertos de las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron posteriormente la desaparición forzada de ocho familiares o allegados del dirigente indígena cuando intentaban reclamar sus restos.
Las declaraciones de Washington se producen en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países. En febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó a Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, como «enemigos de la humanidad» y acusó al Gobierno sandinista de consolidar una dinastía familiar y perseguir a la Iglesia católica y a sectores críticos.
Según datos citados por EFE, al menos nueve opositores o críticos del Gobierno nicaragüense han fallecido bajo custodia del Estado durante los últimos siete años.
