DIALOGANDO RD, Santo Domingo. – Miles de personas han salido a las calles, los principales sindicatos han anunciado una huelga general por la crisis habitacional y el tema terminó colocado en el centro del escenario político que llevó al presidente Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
Al cierre de 2025, el precio medio de la vivienda libre alcanzó un récord de 2,230 euros por metro cuadrado, un 13.1 % más que un año antes. Mientras tanto, el 44.3 % de los españoles entre 26 y 34 años todavía vivía con sus padres y casi la mitad de ellos señalaba como causa no poder pagar una vivienda propia o alquilada. Entre quienes buscaron vivienda y no pudieron mudarse, el 67.2 % identificó el precio como el principal obstáculo.
España incluso contabilizaba en su último censo alrededor de 3.8 millones de viviendas vacías, aunque una parte importante se encuentra fuera de los grandes centros donde se concentra la demanda. Ahí está precisamente una de las contradicciones del problema: pueden existir viviendas y, al mismo tiempo, millones de personas tener enormes dificultades para acceder a una donde realmente necesitan vivir.
En República Dominicana también comprar una vivienda se hace cada vez más difícil para familias cuyos ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios, los materiales, el financiamiento y el suelo. El país aprobó en agosto de 2025 la Ley 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, que modernizó una legislación de décadas y estableció, entre otras disposiciones, que el propietario no puede exigir más de dos meses de alquiler como depósito.
Un año después, todavía existe desconocimiento sobre derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos. Y, más importante aún, regular el alquiler sirve de poco si la oferta de vivienda asequible no crece, si una familia de ingresos medios no logra calificar para un préstamo hipotecario o si el costo de construir continúa alejando del mercado a quienes más necesitan una casa.
La experiencia española deja una enseñanza que República Dominicana debería mirar con tiempo: la vivienda puede dejar de ser un problema privado y convertirse rápidamente en una crisis social. No se trata de copiar controles improvisados ni de enfrentar propietarios contra inquilinos. Se trata de construir más viviendas accesibles, ampliar las opciones de financiamiento, estimular la oferta para alquiler, hacer cumplir la nueva ley y diseñar políticas pensando especialmente en jóvenes y familias de ingresos medios y bajos. España está tratando de apagar un fuego que dejó crecer. República Dominicana todavía tiene la oportunidad de no encenderlo.
