Santo Domingo.– La Comisión Técnica de la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación Dominicana avanzó en la definición de los contenidos y la metodología que servirán de base para elaborar el documento final con las principales propuestas de reforma del sistema educativo nacional.
La iniciativa procura construir consensos en torno a una transformación integral de la educación dominicana, con una visión adaptada a los desafíos del siglo XXI y a las nuevas exigencias sociales, tecnológicas y laborales.
Durante la reunión, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, afirmó que el proceso constituye el mecanismo para impulsar una transformación educativa sustentada en una concertación nacional.
Explicó que la consulta incluirá la participación de universidades, sindicatos, empresarios, iglesias, organizaciones sociales, especialistas y representantes de la diáspora dominicana.
También indicó que se desarrollarán foros regionales, sectoriales e institucionales, además de encuentros con dominicanos en el exterior y mesas de trabajo con expertos nacionales e internacionales.
Santos Badía sostuvo que el país necesita avanzar hacia una reforma estructural capaz de responder a los retos de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas del mercado laboral.
En el encuentro, Melanio Paredes destacó la necesidad de fortalecer la formación docente, mientras Ligia Amada Melo respaldó la metodología presentada y planteó evaluar si los maestros están siendo preparados para responder a los cambios actuales.
Por su lado, Josefina Pimentel propuso incorporar a los colegios privados y a los estudiantes al proceso de discusión, con el objetivo de ampliar la legitimidad y la participación en la construcción de la reforma.
La comisión presentó además un calendario preliminar de reuniones regionales que se desarrollarán en distintas provincias y universidades del país, junto a encuentros con sindicatos, empresarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, iglesias, comunicadores y representantes de la comunidad dominicana en el exterior.
Las autoridades insistieron en que el proceso no busca imponer una ley ya redactada, sino construir de manera colectiva una propuesta educativa más articulada, flexible, tecnológica y orientada al desarrollo nacional.
