DIALOGANDO RD, Santo Domingo.– Personas cuyos nombres aparecen como beneficiarias de consultas y procedimientos médicos investigados en el caso COBRA 2.0 declararon al Ministerio Público que, en las fechas registradas por los prestadores, se encontraban trabajando, en sus viviendas, fuera de sus ciudades e incluso fuera de República Dominicana.
El expediente establece que numerosos afiliados entrevistados negaron haber solicitado los servicios consignados a su nombre y afirmaron que tampoco conocían a los médicos ni los establecimientos donde supuestamente habían sido atendidos.
En algunos casos, según la acusación, las circunstancias personales de los usuarios hacían materialmente imposible que hubieran acudido a las consultas o procedimientos registrados en el sistema.
La pesquisa fue más allá de las entrevistas. El Ministerio Público remitió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) formularios y muestras correspondientes a afiliados afectados para realizar experticias caligráficas. De acuerdo con la solicitud de coerción, el organismo forense determinó la existencia de firmas falsificadas en documentos incorporados como evidencia.
SeNaSa también realizó auditorías sobre reclamaciones de profesionales bajo investigación y reportó incrementos considerados injustificados, inconsistencias documentales y servicios que no coincidían con las atenciones reconocidas por los asegurados.
Estos testimonios y peritajes constituyen parte de las pruebas con las que la PEPCA procura sustentar su acusación, sin que impliquen por sí solos una condena contra las personas imputadas.
