Sabana Iglesia.– Regidores del municipio de Sabana Iglesia denunciaron este miércoles presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de una retroexcavadora por parte del ayuntamiento y anunciaron que llevarán el caso ante los organismos de control y, de ser necesario, a los tribunales.
Durante una comparecencia pública, los ediles criticaron la ausencia de los integrantes del Comité de Compras y Contrataciones y de las autoridades municipales convocadas para responder sobre el proceso, al considerar que se trató de una falta de respeto hacia el Concejo de Regidores y la ciudadanía.
La presidenta del Concejo, Jenny Plasencia, afirmó que el Gobierno destinó RD$7.5 millones para la compra del equipo, monto que, según dijo, equivale a unos 129 mil dólares, mientras que las investigaciones realizadas por los regidores indican que una retroexcavadora con características similares tendría un valor aproximado de 83 mil dólares.
«Si nuestros cálculos son correctos, todavía quedarían alrededor de 46 mil dólares de diferencia, por eso queremos saber qué ocurrió con esos recursos», expresó Plasencia, quien sostuvo que el proceso presenta posibles vicios que deben ser esclarecidos.
Indicó que los regidores prepararon una serie de preguntas para el Comité de Compras y Contrataciones, pero lamentó que ninguno de sus integrantes acudiera a la convocatoria.
La edil aseguró que el caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).
Otro de los regidores presentes manifestó sentirse avergonzado por la situación y afirmó que continuará respaldando las acciones de fiscalización.
«Primero está el pueblo. Nosotros respondemos al pueblo que nos eligió y vamos a exigir que se explique dónde está ese dinero», expresó.
Los regidores insistieron en que su actuación no responde a intereses políticos, sino al cumplimiento de su función de fiscalización y defensa de los recursos públicos.
