Santo Domingo.– La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, cuestionó la tasa de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes anunciada por el Gobierno y aseguró que esa cifra no refleja la realidad completa de la violencia homicida en República Dominicana.
Reynoso afirmó que las autoridades aplican criterios metodológicos que, según dijo, reducen progresivamente la tasa reportada con el objetivo de acercarla a la meta gubernamental de 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.
“Lo que el Gobierno anunció no es la tasa real de homicidios del país. Es la tasa que resulta de aplicar varias reducciones a las variables estadísticas”, expresó.
La dirigente política señaló que una de sus principales objeciones es la exclusión de víctimas extranjeras en los cálculos divulgados públicamente, pese a que, según indicó, los estándares internacionales recomiendan contabilizar todas las víctimas ocurridas dentro del territorio nacional.
También llamó la atención sobre el aumento de homicidios clasificados como “acción legal”, categoría utilizada para registrar muertes ocasionadas por agentes del Estado.
De acuerdo con los datos citados por Reynoso, esos casos representaron el 16.4 % de los homicidios registrados en 2025 y el 37.1 % en la primera semana de junio de 2026.
“La acción legal no es evidencia de éxito policial; es uso de la fuerza letal por parte del Estado”, sostuvo, al reclamar que cada caso sea investigado de manera independiente.
Reynoso también rechazó que el Gobierno atribuya gran parte de los homicidios a “conflictos sociales”, al considerar que esa explicación evidencia debilidades en las políticas de prevención, cohesión comunitaria y presencia institucional.
Asimismo, advirtió que entre un 11 % y un 18 % de los homicidios permanecen bajo investigación al momento de publicarse los reportes oficiales, lo que, según afirmó, impide tener una lectura definitiva de la situación.
La representante de la Fuerza del Pueblo calificó como preocupante la paralización del Observatorio de Seguridad Ciudadana, creado para procesar y verificar información sobre criminalidad y violencia desde una perspectiva técnica.
“Un Gobierno que asegura haber reducido la criminalidad no tiene razones para mantener paralizado el Observatorio de Seguridad Ciudadana”, manifestó.
Reynoso propuso reactivar de inmediato el Observatorio, publicar datos cruzados con el Ministerio Público y el sistema de salud, divulgar la serie histórica completa de homicidios y adoptar estándares internacionales para calcular las tasas de violencia.
“La ciudadanía tiene derecho a saber qué hay detrás de cada número. La transparencia no debe ser una opción; debe ser una obligación”, concluyó.
