Santiago. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) elevó el tono de su denuncia contra el avance de las llamadas “líneas blancas” en el mercado dominicano y alertó que su expansión está generando una competencia desleal que pone en jaque al comercio formal, a la industria nacional y a los propios consumidores.
La entidad sostuvo que ese modelo de operación, basado en la importación y venta de productos sin cumplir plenamente con obligaciones fiscales, sanitarias y regulatorias, ha ido creando un terreno desigual donde los negocios que sí cumplen la ley terminan cargando con más costos y perdiendo espacio frente a actores que, según denuncia, se mueven con ventajas indebidas.
Para la ACIS, el problema ya no puede verse solo como una distorsión comercial. A su juicio, el fenómeno toca el corazón del orden económico y entra en el plano constitucional, porque no solo afecta la libre competencia, sino también la libertad de elección del consumidor, que poco a poco ve cómo se reduce la diversidad de ofertas en el mercado.
En su advertencia, la organización planteó que estas prácticas están abonando el terreno para la creación de estructuras con rasgos monopólicos, donde ciertos actores concentran mercado, desplazan a competidores legítimos y condicionan las opciones del público. En ese escenario, dice ACIS, el consumidor deja de elegir con libertad y termina atrapado en una oferta cada vez más cerrada.
La entidad fue más lejos al señalar que esta situación choca directamente con el artículo 53 de la Constitución, que protege los derechos del consumidor, incluyendo la calidad de los bienes y servicios, la protección frente a abusos y la libertad de escoger. Desde su perspectiva, tolerar estos esquemas equivale a permitir un mercado amañado, donde no todos juegan con las mismas reglas.
ACIS también advirtió que la falta de una intervención firme amenaza la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas, debilita la diversidad empresarial y pone en riesgo empleos formales, en un momento donde el aparato productivo necesita más protección y menos distorsiones.
Por eso reclamó una acción inmediata de las autoridades competentes, en especial de ProCompetencia, así como de los organismos de control fiscal, aduanero y sanitario, para investigar estas prácticas y aplicar correctivos. Según la organización, defender el comercio formal no es un capricho sectorial, sino una necesidad para proteger la seguridad jurídica, el empleo y el desarrollo económico del país.
