Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este jueves la existencia de un presunto esquema de corrupción dentro del Ministerio de Medio Ambiente, basado en la emisión masiva e irregular de permisos y licencias ambientales al margen de la Ley 64-00.
La acusación fue presentada en rueda de prensa por Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la FP, quien responsabilizó al ministro Paíno Henríquez de dirigir una gestión “distorsionada”, sustentada —según afirmó— en datos imprecisos y decisiones que podrían vulnerar los procesos legales de evaluación ambiental.
Abreu cuestionó la afirmación del ministro Henríquez de haber aprobado más de 6,000 licencias ambientales en 11 meses, cifra que calificó como “imposible” para la capacidad técnica del Ministerio.
“Ni en un año completo el Ministerio tiene forma de procesar esa cantidad cumpliendo los procedimientos que exige la Ley”, sostuvo.
El documento presentado por la FP advierte que este volumen de aprobaciones podría estar vinculado a prácticas irregulares, incluyendo un mercado paralelo de permisos operado por “agentes” intermediarios que gestionarían licencias aceleradas a cambio de pagos adicionales.
La organización opositora pidió una investigación urgente por parte de la Oficina de Ética Pública y una auditoría forense de la Cámara de Cuentas al proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales.
La Fuerza del Pueblo también criticó que el Ministerio mida la eficiencia de su gestión por la cantidad de licencias expedidas, sin evaluar el impacto ambiental ni la sostenibilidad de los proyectos aprobados.
“El Ministerio se está convirtiendo en una oficina para viabilizar inversiones, no en un ente fiscalizador. Es una degradación institucional peligrosa”, advirtió Abreu.
El partido aseguró que la actual gestión ha debilitado los controles del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), instrumento clave para prevenir daños en ecosistemas vulnerables, y denunció cifras “infladas” sobre la cobertura boscosa nacional, así como datos inconsistentes sobre importación de madera.
La FP también acusó un deterioro en la supervisión de áreas protegidas y la existencia de “botellas” entre el personal de guardaparques, lo que —según el documento— ha afectado la vigilancia ambiental en todo el territorio.
Abreu recordó que fue su partido quien reveló el caso de presunta corrupción en SeNaSa, hoy bajo investigación judicial, y exigió que las autoridades actúen con transparencia ante lo que consideró “señales graves” en la gestión ambiental del Gobierno.
