DIALOGANDO RD, SANTIAGO.– A siete meses de la muerte de Angélica Geraldín Hernández, de 32 años, durante un procedimiento estético en la clínica Diosa, ubicada en Los Jardines Metropolitanos de Santiago, todavía no se han producido detenciones, según denunció el abogado Pedro Domínguez Brito, representante legal de los familiares de la víctima.
El jurista aseguró que mantiene su confianza en el Ministerio Público, aunque reconoció que el tiempo transcurrido sin resultados judiciales concretos genera preocupación entre los familiares, quienes esperan que se establezcan las responsabilidades por el fallecimiento ocurrido el 26 de marzo de este año.
“Estamos dándole tiempo al Ministerio Público. Nos han prometido que en los próximos días habrá resultados positivos con relación a esto”, expresó Domínguez Brito, quien afirmó que las investigaciones se encuentran bastante avanzadas.
Uno de los principales elementos del caso es la situación legal del establecimiento donde se realizó la intervención. El Ministerio de Salud Pública informó que, al momento del fallecimiento, la clínica no contaba con habilitación vigente para realizar procedimientos quirúrgicos y se encontraba bajo una medida de clausura temporal.
Domínguez Brito considera que esas circunstancias podrían configurar dolo eventual, una figura jurídica que supone actuar con conocimiento de un riesgo grave y aceptar la posibilidad de que se produzca un resultado dañoso. El abogado comparó su planteamiento con el debate sobre la responsabilidad penal en el caso Jet Set, aunque esa calificación deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
La familia depositó en abril una querella contra cuatro personas vinculadas al procedimiento y al establecimiento. Por su parte, la clínica Diosa rechazó públicamente en septiembre las acusaciones sobre su habilitación y defendió la legalidad de sus operaciones.
El representante legal insistió en que el objetivo de la familia trasciende la búsqueda de sanciones por la muerte de Angélica, quien dejó un hijo menor de edad. También pretende que el caso sirva para prevenir nuevas tragedias relacionadas con procedimientos estéticos realizados sin las condiciones de seguridad exigidas.
“Hay que evitar que este tipo de casos quede sin la sanción correspondiente, pues motiva a que otras personas hagan estos procedimientos estéticos sin ningún tipo de condiciones clínicas, hospitalarias y de seguridad”, sostuvo.
La investigación continúa bajo responsabilidad del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos. Mientras tanto, la familia mantiene su reclamo de justicia y espera que las diligencias anunciadas se traduzcan en decisiones concretas.
