Las declaraciones del director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, reflejan una preocupación legítima: hay personas reincidentes, con múltiples registros y señalamientos, que vuelven una y otra vez a las calles y terminan afectando nuevamente a ciudadanos. Frente a esa realidad, sería irresponsable pedirle a la Policía que permanezca de brazos cruzados. La institución tiene el deber de prevenir, investigar y actuar con firmeza cuando existen órdenes pendientes, flagrancia, amenazas reales o individuos armados que representen un peligro para la población o para los propios agentes.
El punto que merece atención no es, entonces, si la Policía debe buscar a quienes son requeridos por la justicia. Claro que debe hacerlo. Tampoco puede exigírsele pasividad frente a una persona armada que responde con violencia a una intervención legítima. Hay circunstancias excepcionales en las que el uso de la fuerza resulta inevitable. El reto está en evitar que esas excepciones terminen convirtiéndose en una regla general o que un prontuario policial, por sí solo, sea interpretado como autorización suficiente para anticipar culpabilidades.
Por eso, la iniciativa anunciada por Rodríguez García puede ser útil si se acompaña de criterios claros: distinguir entre personas con órdenes judiciales vigentes, prófugos, imputados con procesos abiertos y simples reincidentes registrados en los archivos; documentar cada operativo; fortalecer el uso de cámaras corporales y otros mecanismos de supervisión; y garantizar que cada muerte ocurrida durante una intervención sea investigada con independencia y transparencia.
La Policía necesita autoridad para enfrentar el delito, pero también reglas que protejan esa autoridad de los excesos y de las dudas. Una institución fuerte no es la que actúa sin límites, sino la que puede demostrar que sus actuaciones fueron necesarias, proporcionales y ajustadas a derecho.
En un país cansado de la delincuencia, la respuesta no puede ser la pasividad. Pero tampoco debe abrirse espacio a una lógica en la que la ficha sustituya al juez. Lo razonable es encontrar el equilibrio: perseguir con firmeza al delincuente, proteger al ciudadano y, al mismo tiempo, preservar las garantías que distinguen al Estado de quienes actúan fuera de la ley.
