Santo Domingo. — El presidente de la Asociación Dominicana de Lucha Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César De la Rosa Tiburcio, advirtió que el aumento sostenido del Presupuesto General de la República, sin controles efectivos, profundizará los niveles de corrupción y pondrá en riesgo la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos a la ciudadanía.
De la Rosa Tiburcio sostuvo que, en la medida en que el presupuesto público crece sin correctivos institucionales, también se amplían las oportunidades para el uso indebido de los recursos del Estado.
“Si no se ponen los correctivos necesarios, no tendremos una sociedad capaz de suplir lo básico: salud, educación, vivienda y seguridad”, afirmó, al respaldar los recientes pronunciamientos de la Iglesia católica sobre el avance de la corrupción en el país.
El dirigente de ADOCCO advirtió que la corrupción constituye una amenaza estructural para la estabilidad institucional y social, por lo que llamó a frenar su expansión antes de que provoque un colapso del sistema democrático.
En relación con las denuncias de que recursos del presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) habrían sido utilizados en la campaña electoral de 2024, De la Rosa Tiburcio sostuvo que la Procuraduría General de la República debe actuar con el mismo rigor aplicado en otros casos similares.
Recordó que en procesos judiciales recientes empresarios han admitido haber recibido fondos provenientes de actos de corrupción para financiar campañas políticas, y que incluso un ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) enfrenta actualmente un proceso judicial por hechos de esa naturaleza.
“La Procuraduría debe emplearse a fondo para determinar qué candidatos recibieron dinero procedente de SENASA y actuar en consecuencia, para que exista igualdad ante la ley y la justicia cumpla su función de juzgar a todos de la misma forma”, enfatizó.
De la Rosa Tiburcio insistió en que solo una persecución imparcial y sin privilegios permitirá restablecer la confianza ciudadana y garantizar un sistema político basado en la equidad y la transparencia.
