En la República Dominicana, la seguridad social vuelve al centro del debate. Se habla de reformas, de cambios urgentes, de mejorar el sistema, pero para muchos ciudadanos la realidad sigue siendo la misma: cotizan durante años y, cuando necesitan el servicio, sienten que no reciben lo esperado.
A más de dos décadas de la Ley 87-01, el país se enfrenta a una pregunta clave: ¿estamos ante un problema de ejecución o de modelo?
Para abordar este tema, conversamos con el doctor Julián Serulle Ramia, especialista en seguridad social, formado en la Sorbona de París y exdirector del sistema en la República Dominicana.
Más que una entrevista, esta es una conversación necesaria para entender dónde está realmente el problema y qué tipo de decisiones exige el país en este momento.
¿Cuál ha sido el principal fracaso del sistema?
El doctor explica que uno de los principales problemas ha sido la desigualdad en el acceso a los servicios de salud.
Aunque el sistema ha avanzado en cobertura, en la práctica muchas personas siguen enfrentando limitaciones importantes. Consultas médicas con coberturas parciales, medicamentos fuera del alcance y procedimientos que requieren pagos adicionales siguen siendo parte de la realidad cotidiana.
A su juicio, esto responde a una orientación del sistema hacia una lógica de mercado que, en muchos casos, ha reducido la capacidad del Estado de actuar como verdadero garante del derecho a la salud.
Este punto es clave, porque explica por qué muchos ciudadanos sienten una desconexión entre lo que aportan y lo que reciben.
¿Es un problema de diseño o de ejecución?
El doctor es claro: ambas cosas han influido.
Desde su concepción, el modelo incorporó una fuerte participación del sector privado sin prever mecanismos de regulación lo suficientemente sólidos. Con el tiempo, esto se ha combinado con debilidades en la supervisión, permitiendo prácticas que afectan directamente a los usuarios.
En ese sentido, el problema no puede verse solo como una falla en la aplicación, sino también como una consecuencia de cómo fue estructurado el sistema desde el inicio.
Aquí es donde el debate se vuelve más complejo, y donde muchas veces se simplifica una realidad que requiere mayor profundidad.
¿Es hoy un sistema confiable o una promesa débil?
El sistema ha logrado ampliar la cobertura a gran parte de la población. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para generar confianza plena.
Muchos ciudadanos sienten que sus aportes no se traducen en beneficios reales. Esto se refleja en dificultades para acceder a servicios especializados, pensiones insuficientes frente al costo de la vida y dudas sobre la transparencia en la administración de los recursos.
A esto se suma la alta informalidad laboral, que sigue siendo un desafío importante para la sostenibilidad del sistema.
¿Quién ha sido más beneficiado por el sistema?
Más que señalar responsables individuales, el doctor invita a analizar el modelo en su conjunto.
Cuando un sistema se orienta principalmente por criterios económicos, el bienestar social puede quedar en un segundo plano. Por eso, el enfoque debe centrarse en cómo está estructurado el sistema y no únicamente en sus actores.
¿El problema está en las AFP, las ARS o en la ley?
El doctor plantea que no existe un único responsable.
Las críticas a las AFP y ARS son reales, especialmente en términos de transparencia, comisiones y resultados. Pero también lo es la necesidad de un marco legal más sólido y una supervisión estatal más efectiva.
El problema surge cuando las reglas no son claras o no se aplican con firmeza.
¿Por qué ha sido tan difícil lograr una reforma?
No se trata solo de un tema técnico.
Existen intereses económicos, dinámicas políticas y falta de consenso que dificultan los cambios. Además, la seguridad social, a pesar de su importancia, no siempre ocupa el lugar prioritario que debería en el debate público.
Si no se reforma, ¿quién pagará el costo?
La respuesta es directa: los trabajadores, los sectores más vulnerables y las futuras generaciones.
Las pensiones pueden seguir siendo insuficientes, los costos de salud continuarán presionando a las familias y el sistema podría volverse cada vez más difícil de sostener.
¿Qué cambios necesita el sistema?
El doctor insiste en fortalecer el rol del Estado como garante, sin excluir al sector privado.
Entre los cambios principales plantea mejorar la infraestructura de salud, fortalecer la atención primaria, aumentar la transparencia y revisar el sistema de pensiones para hacerlo más justo.
Y deja una idea clave: el ciudadano debe poder recibir atención integral sin que el dinero sea una barrera.
¿Es posible un equilibrio entre lo público y lo privado?
Sí, pero con reglas claras.
La participación del sector privado puede mantenerse, siempre que exista una regulación efectiva que garantice que el interés colectivo esté por encima de cualquier otro.
El reto es lograr un sistema donde eficiencia y equidad vayan de la mano.
Una visión desde el doctor.
En sus propias palabras, el doctor plantea:
La seguridad social es un derecho fundamental, no un privilegio. Constituye la columna vertebral de la paz social de toda nación, pues garantiza derechos que acompañan al ser humano desde la cuna hasta la tumba.
El Estado es el principal responsable de garantizar estos derechos, asegurando protección frente a la enfermedad, la invalidez, el desempleo y la vejez. No puede existir una sociedad verdaderamente desarrollada si sus ciudadanos enfrentan con incertidumbre su futuro o viven en condiciones precarias durante su vejez.
La seguridad social es, en esencia, una expresión de solidaridad. Surge cuando la sociedad deja atrás el individualismo y se concibe como un todo, donde el bienestar colectivo prevalece sobre los intereses particulares.
Una reflexión necesaria.
Agradezco sinceramente al doctor Julián Serulle Ramia por su tiempo, su disposición y, sobre todo, por mantenerse siempre atento y activo en un tema tan sensible como la seguridad social, con una vocación clara en favor de los más necesitados.
Desde mi perspectiva, esa mirada es esencial, pero debe ir acompañada de un enfoque igualmente responsable hacia el sector empresarial, que es, en gran medida, quien sostiene financieramente el sistema y permite que existan los recursos para impulsar políticas públicas y programas sociales. Sin embargo, esa realidad también nos recuerda que ninguna economía se sostiene sin su gente: sin la mano de obra, sin los trabajadores, sin quienes día a día hacen posible el funcionamiento del país.
Por eso, el verdadero desafío está en encontrar un punto de equilibrio. Un sistema donde se proteja al más vulnerable, pero que al mismo tiempo sea sostenible y justo para quienes lo financian. Solo así podremos construir una seguridad social que no divida, sino que una; que no enfrente sectores, sino que los haga corresponsables de un mismo objetivo: el bienestar de todos.
Este no es un tema técnico más. Es una discusión que impacta directamente la vida de millones de dominicanos, hoy y en el futuro.
Entenderlo y asumirlo con seriedad no es opcional. Es una responsabilidad.
