Santiago. – Un grupo de sacerdotes católicos encabezados por el padre Niño Ramos cuestionó este fin de semana el convenio firmado entre el Ministerio de Energía y Minas y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) para impartir un diplomado en periodismo minero, al considerar que la iniciativa busca legitimar la explotación minera en la Cordillera Septentrional.
Durante un encuentro comunitario, los sacerdotes expresaron su preocupación por lo que califican como una estrategia institucional para influir en la opinión pública, en medio del crecimiento del movimiento social y religioso que rechaza la explotación minera en zonas sensibles del país.
El grupo de representantes católicos, afirmó que el anuncio del diplomado se produce en un momento clave, cuando las comunidades han intensificado su oposición a los proyectos extractivos. “No es casualidad. Cuando la lucha crece, buscan otras vías para desgastar a la gente y cambiar el relato”, sostuvieron.
El convenio, anunciado oficialmente por Energía y Minas y la PUCMM, contempla el desarrollo de un diplomado especializado en periodismo minero, dirigido a comunicadores y profesionales interesados en mejorar la cobertura del sector. Sin embargo, los sacerdotes entienden que la iniciativa no responde a una necesidad académica urgente, sino a un intento de presentar la minería bajo un enfoque favorable.
Los religiosos denunciaron además que en movilizaciones recientes han enfrentado intentos de bloqueo y presión policial, pese a que las marchas han sido organizadas de forma pacífica. Advirtieron que no aceptarán restricciones arbitrarias al derecho a la protesta y que, de producirse, responderán con acciones cívicas dentro del marco de la no violencia.
“Nosotros no somos delincuentes ni respondemos a partidos políticos. Somos ciudadanos y sacerdotes defendiendo la vida, el agua y el territorio”, expresaron, al reiterar que la Iglesia tiene el deber moral de acompañar a las comunidades.
El grupo llamó a los habitantes de Río Grande y zonas aledañas a mantenerse organizados y vigilantes, y aseguró que continuará evaluando el contenido del convenio y las acciones del Estado. No descartaron acudir a instancias legales y constitucionales si consideran que se vulnera el sistema de áreas protegidas y los derechos comunitarios.
