Santo Domingo. – El diputado Rafa Castillo cuestionó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la reducción del Parque Nacional Jaragua y afirmó que el caso amerita una investigación profunda por parte del Ministerio Público.
El legislador sostuvo que no es la primera vez que se intenta beneficiar a una misma familia con facilidades sobre terrenos vinculados a áreas protegidas, lo que —a su juicio— genera dudas razonables sobre la legalidad y transparencia del proceso.
Castillo calificó como preocupante que la decisión judicial se produjera en un plazo breve, sin una base sustentatoria clara y en un momento en que el Congreso Nacional se encontraba cerrado, lo que, según explicó, impidió cualquier discusión legislativa sobre un tema de alto interés nacional.
“El parque nacional no se puede ceder ni partir para beneficiar a particulares. Esa es una decisión que, de darse, tendría que pasar obligatoriamente por el Congreso”, afirmó el diputado.
En ese sentido, advirtió que la Constitución y las leyes ambientales establecen límites claros para la modificación de áreas protegidas y que cualquier intento de “mutilación” de un parque nacional para favorecer intereses privados resulta, a todas luces, irregular.
Castillo insistió en que corresponde al Poder Legislativo determinar si una medida de esa naturaleza es viable o no, y reiteró que la protección de los parques nacionales debe prevalecer sobre cualquier interés particular.
