Muchos políticos dominicanos suelen aparecer con mayor fuerza en tiempos de campaña, hablando de pobreza, desigualdad y de quienes más necesitan apoyo. Sin embargo, una vez pasan las elecciones, ese discurso se diluye y el país vuelve a una rutina donde muchas realidades quedan fuera de la agenda pública. Entre ellas, una de las más importantes: la de quienes sostienen la economía nacional todos los días.
Un Estado no se mantiene solo con programas sociales ni con buenas intenciones. Se sostiene con trabajo, producción y con personas que, cada día, arriesgan, invierten y crean oportunidades. En ese esfuerzo participan los grandes empresarios que generan miles de empleos, los medianos productores, los pequeños comerciantes y los trabajadores independientes que mantienen viva la economía en cada barrio y comunidad. Todos forman parte de una misma cadena de desarrollo.
Durante demasiado tiempo, este sector productivo ha sido visto más como una fuente de impuestos que como un aliado estratégico. Se ha legislado muchas veces sin escuchar lo suficiente a quienes producen, sin medir el impacto real de las decisiones públicas en la vida de miles de familias.
La República Dominicana es, en esencia, un país de gente que se gana la vida con su esfuerzo. Colmaderos, agricultores, técnicos, emprendedores, talleres familiares y profesionales por cuenta propia representan la base silenciosa de nuestra economía. No son una minoría: son mayoría. Sin embargo, con frecuencia se sienten solos, desprotegidos y atrapados en un sistema que no siempre entiende su realidad.
Muchos quisieran formalizarse, crecer y aportar más al país. Pero se encuentran con trámites interminables, costos elevados y poca orientación. En lugar de ser una oportunidad, la formalización termina pareciendo un riesgo. Eso debe cambiar. Formalizar no puede ser un castigo; debe ser un camino hacia la estabilidad.
Apoyar al que produce, ya sea grande, mediano o pequeño, no es favorecer privilegios. Es apostar por el empleo, por la dignidad y por el bienestar de las familias dominicanas. Cuando se protege la producción nacional, se fortalece la economía y se reduce la dependencia de ayudas temporales. Un país que no cuida lo que produce termina comprando fuera lo que podría crear dentro.
Antes de promover nuevas leyes, es necesario revisar con responsabilidad cómo están funcionando las que ya existen. El reto no es llenar el sistema de normas, sino hacerlas claras, justas y aplicables. El Estado debe ser un aliado del trabajador y del emprendedor, no un obstáculo.
La estabilidad y la seguridad jurídica son tan importantes para una gran empresa como para un pequeño negocio. Nadie invierte, crece ni genera empleo en medio de la incertidumbre. Para competir dentro y fuera del país, necesitamos reglas firmes, confianza institucional y una visión de largo plazo.
En este escenario, el Congreso tiene una responsabilidad histórica. Sus decisiones impactan directamente en el trabajo, el ingreso y la tranquilidad de millones de personas. Legislar no es improvisar: es escuchar, equilibrar y pensar en el futuro.
La República Dominicana necesita una política que una el esfuerzo con la oportunidad, la producción con la justicia social y el presente con el porvenir. Una política que ayude a quien lo necesita, sin olvidar a quien trabaja y produce. Porque solo así el desarrollo dejará de ser una promesa y se convertirá en una realidad compartida.
