Santo Domingo.– El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado advirtió que varias disposiciones del nuevo Código Penal podrían generar un conflicto constitucional al restablecer penas de prisión por los delitos de difamación e injuria.
Maldonado señaló que los artículos 208, 209 y sus párrafos siguientes retoman sanciones privativas de libertad que ya habían sido eliminadas por el Tribunal Constitucional mediante decisiones relacionadas con la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
Recordó que el organismo constitucional también rechazó disposiciones de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que establecían penas de hasta diez años de prisión y multas contra ciudadanos que realizaran comentarios negativos sobre candidatos.
“El Código vuelve a traer la prisión cuando ya el Tribunal Constitucional la ha eliminado. Creo que ese será el primer conflicto que tendremos en el orden constitucional”, expresó.
Maldonado planteó que la situación podría corregirse mediante un proyecto de revisión del Código Penal, antes o después de su entrada en vigencia, o a través de un recurso directo de inconstitucionalidad.
Consideró que esta última opción podría ser utilizada por ciudadanos y medios de comunicación debido a la forma “confusa” en que fueron redactadas algunas disposiciones.
A su juicio, el texto no establece con suficiente claridad la diferencia entre la difamación cometida durante el ejercicio periodístico y aquella utilizada como parte de una acción de extorsión.
“Una cosa es que haya prisión por difamación y otra que exista prisión por extorsión, porque la extorsión es un delito. No podemos confundirla con el comentario de un periodista o comunicador que pueda resultar incómodo para una persona”, sostuvo.
Maldonado reconoció que el ejercicio de la comunicación, aunque constituye un derecho fundamental, también debe respetar el honor, el buen nombre y la dignidad de las personas.
Aclaró, sin embargo, que rechazar la prisión por difamación no significa promover el insulto ni desconocer el derecho de los ciudadanos a acudir ante los tribunales cuando entiendan que su reputación ha sido afectada.
Explicó que la amenaza de una condena de prisión podría fomentar la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, especialmente ante el temor de procesos judiciales o demandas por sumas económicas desproporcionadas.
El nuevo Código Penal fue aprobado con un período de un año antes de su entrada en vigencia, previsto para agosto. Maldonado entiende que, una vez comience su aplicación, podrían presentarse numerosos recursos de inconstitucionalidad contra varias de sus disposiciones.
