SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público acusó la existencia de una estructura criminal que habría desviado millonarios recursos del Seguro Nacional de Salud (SENASA) mediante sobornos, contratos fraudulentos y mecanismos diseñados para beneficiar empresas privadas en perjuicio del sistema público de salud.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la red operó desde el interior de SENASA con la participación de funcionarios, intermediarios y proveedores, creando un esquema sostenido de pagos ilegales y manipulación de procesos de contratación.
El órgano acusador sostiene que los imputados utilizaron empresas de carpeta, sobrevaluaciones y simulación de servicios médicos para justificar desembolsos irregulares, afectando de manera directa las reservas financieras de la aseguradora estatal. Según el expediente, los fondos desviados estaban destinados a garantizar la atención médica de millones de afiliados, en especial de los regímenes subsidiado y contributivo.
La PEPCA califica el caso como criminalidad organizada y asegura que la estructura funcionaba de forma jerarquizada, con roles definidos, reparto de beneficios y mecanismos para ocultar el origen ilícito de los recursos. El Ministerio Público solicitó medidas de coerción severas al advertir riesgo de obstrucción del proceso, fuga y reiteración delictiva.
El caso, denominado Operación Cobra, coloca a SENASA en el centro de uno de los expedientes más delicados por su impacto social y financiero, al tratarse de la institución que garantiza el acceso a la salud de los sectores más vulnerables del país.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan abiertas y no descartan nuevas imputaciones conforme avance el proceso judicial.
