Hay cifras que no admiten excusas, ni silencios cómodos. Diez menores de edad intoxicados por alcohol entre Nochebuena y Navidad no es un dato más de un boletín oficial: es una alerta roja, una vergüenza colectiva y un fracaso como sociedad.
Niños de 3 a 17 años llegaron a hospitales con alcohol en el cuerpo. No fue un accidente. No fue casualidad. Fue consecuencia directa de la irresponsabilidad de adultos que olvidaron que celebrar no es emborracharse y mucho menos emborrachar a un menor.
Cada número es un niño expuesto, una familia fallando y un Estado que, aunque fiscaliza y responde en emergencias, llega siempre después del daño. Porque el problema no está solo en la carretera ni en la sala de emergencias: está en la casa, en el colmado, en el “dale un chin”, en la normalización del exceso.
Que en apenas 48 horas 181 personas terminaran intoxicadas por alcohol, incluyendo menores, dice mucho más que cualquier discurso sobre “conciencia por la vida”. Dice que seguimos confundiendo, tradición con descuido, y libertad con negligencia.
Peor aún: el número de menores intoxicados se repite año tras año, como si no aprendiéramos nada. En 2024 fueron 21. Este año ya van diez y todavía falta Año Nuevo. ¿Cuántos más tienen que llegar a una camilla para que alguien asuma responsabilidad?
Mientras tanto, las emergencias se llenan y las estadísticas se archivan hasta el próximo diciembre. Pero nadie va preso por intoxicar a un niño. Nadie pierde una licencia por permitirlo. Nadie enfrenta consecuencias reales.
Y ahí está el verdadero problema.
Este no es un tema de operativos, ni de boletines, ni de comparaciones con años anteriores. Es un tema de límites, de autoridad moral, de protección infantil y de cero tolerancia. El alcohol no puede seguir entrando a la vida de los menores como si fuera parte del menú navideño.
La Navidad no puede seguir dejando niños borrachos y adultos impunes.
Si como país no somos capaces de proteger a nuestros hijos del alcohol, entonces el problema no es la celebración, somos nosotros.
