SANTO DOMINGO.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) afirmó que, como parte del entramado investigado en la Operación Cobra, operaba un “comité paralelo” que habría influido de manera directa en decisiones del Seguro Nacional de Salud (SENASA), especialmente en los procesos de contratación y autorización de servicios.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, este grupo informal habría actuado al margen de los órganos institucionales establecidos, concentrando la toma de decisiones relacionadas con proveedores específicos, validación de pagos y continuidad de contratos, en detrimento de los principios de transparencia y legalidad que rigen la administración pública.
El Ministerio Público sostiene que dicho comité no tenía sustento normativo ni competencias formales, pero funcionaba como un filtro determinante para favorecer intereses particulares. Las decisiones adoptadas, según el expediente, respondían a acuerdos previos entre funcionarios, intermediarios y empresas beneficiadas por el esquema.
La acusación indica que esta estructura permitía agilizar adjudicaciones irregulares, evitar controles internos y garantizar que determinados prestadores mantuvieran contratos con SENASA, aun cuando existían irregularidades en la prestación o facturación de los servicios.
Para la PEPCA, la existencia de este comité refuerza la tesis de una organización criminal con distribución de funciones, diseñada para capturar áreas sensibles del sistema de salud pública y facilitar el desvío de fondos destinados a la atención médica de los afiliados.
El órgano persecutor asegura que esta modalidad de operación afectó la institucionalidad de SENASA y debilitó los mecanismos de control interno, razón por la cual solicita medidas judiciales que eviten la interferencia en la investigación.
