Santo Domingo.– El abogado Miguel Surún Hernández advirtió que varias disposiciones del nuevo Código Penal podrían afectar la libertad de expresión y ser utilizadas para perseguir judicialmente a periodistas, comunicadores y ciudadanos por contenidos difundidos a través de medios de comunicación y redes sociales.
Surún, acompañado por representantes de la Fundación Primero Justicia y organizaciones comunitarias de Santo Domingo Este, calificó esas disposiciones como una “ley mordaza” y anunció que impulsarán acciones para impedir que entren en vigencia sin ser modificadas.
El jurista cuestionó los artículos relacionados con la publicación de imágenes, videos y audios sin consentimiento, así como las sanciones establecidas para la difamación y la injuria.
“Son un atentado contra los esfuerzos de una sociedad por la transparencia, la verdad y la dignidad”, expresó.
Según Surún, la redacción de algunos artículos podría permitir que funcionarios y otras personas recurran a los tribunales contra quienes publiquen materiales de interés público o formulen denuncias sobre actuaciones oficiales.
El abogado sostuvo que la posibilidad de enfrentar condenas de prisión podría fomentar la autocensura y limitar la fiscalización ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos.
Afirmó que las penas contempladas para determinados delitos pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y llegar a diez cuando concurran circunstancias agravantes o se configure la denominada difamación extorsiva.
No obstante, esta última figura se aplica cuando una persona realiza una imputación pública con el propósito de obtener algún beneficio o de obligar a la víctima a ejecutar, omitir o tolerar una acción que le cause perjuicio.
Surún consideró que, debido a la amplitud de algunos conceptos, existe el riesgo de que una denuncia legítima sea confundida con una conducta difamatoria.
“Algo así no puede aceptarse en un país que se define como democrático”, manifestó.
El jurista instó al Congreso Nacional a revisar y modificar los artículos cuestionados antes de que el nuevo Código Penal comience a aplicarse en agosto.
También aseguró que la Fundación Primero Justicia y las organizaciones que respaldan la iniciativa llevarán sus reclamos “hasta las últimas consecuencias” para defender el derecho de los ciudadanos a denunciar actos de corrupción y otras irregularidades.
Surún advirtió que las nuevas sanciones podrían limitar incluso las críticas contra decisiones gubernamentales, entre ellas eventuales reformas fiscales o aumentos de impuestos.
El debate se produce después de que el Tribunal Constitucional declarara desproporcionadas varias penas de prisión contenidas en la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, criterio que volvió a ser ratificado por esa alta corte en una decisión posterior.
